La Procuraduría General de la Nación exhortó al Ministerio de Defensa a dar cumplimiento a la política de lucha contra la minería ilegal y pidió la destrucción de la maquinaria que se está utilizando para esta actividad. 
 
La Delegada para Asuntos Ambientales solicitó al ministro Luis Carlos Villegas que se acate la Decisión Andina No. 774 de 2012, suscrita el 30 de julio de 2012, que faculta a los países miembros (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia) a “decomisar, incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos, insumos, utilizados en la minería ilegal, para lo cual los gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas”. 
 
El Ministerio Público advirtió que el uso intensivo de las dragas, retroexcavadoras y buldóceres en los ríos y fuentes de agua, y el uso inadecuado de sustancias tóxicas como mercurio y cianuro para la extracción de oro genera considerables impactos ambientales, problemas de salud pública como intoxicación, alteraciones neurológicas y malformaciones congénitas en poblaciones influenciadas por el desarrollo de estas actividades. 
 
Indicó, además, que esta petición también hace parte de las acciones encaminadas a la protección del río Atrato como sujeto de derechos, acatando la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional. 
 
Por último recordó al ministro de Defensa que el Decreto 2235 de 2012 prohibió en todo el territorio nacional la utilización de maquinaria pesada en las explotaciones sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, y reclamó mayor seguimiento a estas actividades ilegales en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca.